7 de febrero de 2014
El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación del Gobernador, acudió al Congreso para presentar seis iniciativas que abordan distintos puntos estratégicos para el fortalecimiento de las disposiciones jurídicas en materia fiscal, la eficacia de la persecución de los delitos y un nuevo marco jurídico en materia de derechos humanos.
En materia penal, el Consejero Jurídico señaló que se pretende incorporar a la ley sustantiva penal dos delitos nuevos que sancionen por un lado, la facilitación delictiva o “halconeo”, entendido como la conducta por la que se transmite información destinada a facilitar la comisión de hechos delictivos o impedir que se detenga a los presuntos responsables; y por el otro lado, la compra de artículos de procedencia ilícita, que ocurre cuando en una compra no se realizan las acciones mínimas para garantizar que el bien que se adquiere no proviene de un robo u otras conductas delictivas.
La Iniciativa que reforma la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán tiene por objeto, entre otros aspectos, realizar adecuaciones que permitan que los valuadores puedan participar en los trámites requeridos para el cobro del impuesto cedular sobre adquisición de bienes inmuebles y perfeccionar la regulación de los elementos de este impuesto.
El trato equitativo de los escribanos del interior del estado con respecto a los del municipio de Mérida es el objetivo de la Iniciativa de reforma a la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, en virtud de que con la ley vigente se establecía una duración diferenciada para los escribanos del municipio de Mérida.
El Consejero Jurídico afirmó que con la nueva Ley de la Comisión de Derechos Humanos que se presenta con la iniciativa y las reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos no solo se daba vigencia a las reformas constitucionales federales y estatales aprobadas, sino que también se establecen procedimientos específicos para la protección de los derechos humanos y responsabilidades para los servidores públicos que incumplan lo dispuesto por la ley en la materia.
Las seis iniciativas que se presentaron al Congreso constituyen una acción más para dar cumplimiento al compromiso 178 del Gobierno del Estado que indica “Realizar una revisión integral del marco jurídico estatal con la participación de representantes de las instituciones académicas, de investigación y de la sociedad civil en general, a través del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal, ampliando su contribución al marco jurídico municipal”.